Obligación de cumplir con las Resoluciones emitidas por el Concejo de Regidores. Derecho a la buena administración.

http://sabanabuey.typepad.com/.a/6a00e5546d5109883401a73df12d05970d-piNuestra Carta Magna, en su artículo 138, dispone que la Administración Pública, se encuentre sujeta a los principios de “eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”. Así pues, con el objeto de optimizar ese mandato constitucional, la ley sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo No. 107-13, ha instituido en su artículo 4 el derecho a la buena administración y éste, ha tenido del Tribunal Constitucional un reconocimiento normativo como derecho fundamental. Como se advierte, tanto nuestra Constitución y de manera más especifica la ley No. 107-13, introdujeron esta figura como parte de los principios que rigen la actuación administrativa y en decisiones ya rendidas por la sede constitucional, aparece aplicada como tal; 1¨ Veamos,“….En virtud del artículo 12, numeral 6), de la citada ley (No. 107-13) orgánica de la Administración Pública, este mandato da existencia actual a lo que se ha configurado como un derecho fundamental nuevo entre nosotros, denominado “derecho al buen gobierno o a la buena administración”; “Este derecho se encuentra implícitamente en el texto de nuestra Constitución, específicamente en los artículos 138, 139, y 146, los cuales se han concretizado legalmente en la referida ley orgánica ley (No. 107-13), plasmando de forma más concreta en nuestro ordenamiento este principio constitucional”; ¨Los mandatos precedentemente resumidos configuran el denominado “derecho a la buena administración”, designación que hace taxativamente la Ley núm. 107-13, que debe considerarse como un derecho actualmente dimanante de las obligaciones puestas a cargo de la Administración Pública por la Constitución de la República y otras normas¨. 2 Y es que debe tenerse ya muy claro ¨que todas las personas como los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado”3.

La referida ley núm. 107-13 dispone que los actos administrativos válidamente dictados, en ejercicio de función administrativa por una Administración Pública, o por cualquier otro órgano u ente público, según su naturaleza, serán ejecutivos y ejecutorios, de efectos jurídicos directos, individuales e inmediatos frente a terceros, por lo que la tutela judicial efectiva engloba también el derecho a exigir la ejecución de las decisiones adoptadas por las administración pública, tan necesario esto para que la tutela efectiva sea tal, que además resulta cuestión de esencial importancia para dar efectividad a la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho establecido en nuestra constitución, que implica, entre otras manifestaciones, la vinculación de todos los sujetos al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adoptan los órganos jurisdiccionales y administrativos, no

solo juzgando y disponiendo, sino también haciendo ejecutar lo juzgado y lo establecido como regla.4

El significado de lo anterior es que la buena administración implica que los que ejercen la Administración cumplan y respeten todos los principios que rigen la actuación administrativa, alcanzado el ámbito municipal, por lo que el TC ha reafirmado la obligatoriedad de actuar con eficacia y respondiendo en breve plazo, pues ¨el principio de la buena administración combina la prerrogativa de los ciudadanos (para exigir) y el deber a la buena administración, a cargo de los órganos, entes y funcionarios de toda la administración pública (de cumplir) ¨.5

Los artículos 199 y 201 de nuestra Constitución se refieren a la “Administración local” y en esencia establecen que los gobiernos generales de los municipios estarán conformados por los concejos de regidores, órgano supremo que establece las normativas, reglamentaciones y fiscalización que serán aplicables dentro de los municipios, y un órgano ejecutivo, encargado de implementar esas normativas y reglamentaciones denominada alcaldía. 6 En consonancia, el artículo 31 de la Ley No. 176-07,del Distrito Nacional y los Municipios, dispone que son los ayuntamientos los entes administrativos que ejercen los gobiernos locales. 7

Algunos pueden pensar que el alcalde es la autoridad máxima, debido a la principalía política, sin embargo, vemos que el ordenamiento jurídico establece que el Concejo de Regidores resulta el órgano rector de la administración local, debido a su potestad normativa8, lo que indica que si ha emanado una ordenanza, reglamentación o resolución dentro del régimen municipal esta debe ser cumplida, en principio, sin cuestionamientos, pues los actos emitidos por el Concejo Municipal, en su calidad de órgano de la Administración Pública, poseen una singular fuerza jurídica y, por tanto, siempre han de estar investidas de la legitimidad que se le reconoce a los actos derivados de toda autoridad pública, en razón de que se da por sentado que ésta, por lo general, actúa en el marco de las potestades que la ley le atribuye 9. Lo anterior implica que las decisiones salidas del concejo de regidores deben ser acatadas por el alcalde en su calidad de órgano ejecutivo de los ayuntamientos. La violación a ese mandato es un desacato a la autoridad y una acción que puede ser considerada arbitraria del alcalde. El espíritu de este concepto es que al ser el concejo de regidores un órgano plural, la comunidad se encuentra más identificada en el mismo que en la persona del alcalde, pues supone siempre que cada regidor representa un barrio, una comunidad, un sector,10 y los intereses de éstas deberán

estar encarnados y defendidos en el concejo de regidores, procurándose que el rol de la Administración Pública no sea consistir únicamente en someterse al ordenamiento jurídico sino que sus actividades deben ir encaminadas a cumplir con su función esencial: servir adecuadamente a las personas, como se desprende de los postulados 7 y 8 de nuestro texto constitucional, por todo ello nuestro Tribunal Constitucional en asuntos relativos a la municipalidad, sobre el derecho de buena administración y exigencia al cumplimiento de Resoluciones emitidas por el Concejo de Regidores, ha establecido que constituye un arbitrariedad hacer caso omiso a resolución emitida por órgano competente, porque toda la Administración Pública está sujeta a la ley en virtud del principio de legalidad, y la ejecución cabal se configura como un mandato a todos los ciudadanos y a los órganos del Estado que se encuentran bajo su jurisdicción para el cumplimiento de la totalidad de las normas que integran el ordenamiento dominicano.11

En tal sentido, frente a la adopción de cualquier disposición jurídica, legal, normativa, por el Concejo Municipal, el alcalde como funcionario ejecutivo de los ayuntamientos debe dar cumplimiento a las mismas. Y si pretende incumplirlas debe impugnarlas por las vías correspondientes para expulsarlas del ordenamiento jurídico o promover al interior del Concejo Municipal la adopción de medidas que favorezcan su anulación y derogación. Si el ejecutivo municipal entiende que al emitir resolución el Concejo de Regidores actuó fuera del marco del principio de legalidad, debe presentar tales alegatos ante la jurisdicción correspondiente y así lograr orientar las actividades y accionar administrativo de éste dentro del cauce de la legalidad. Esto quiere decir, que si el Concejo de Regidores ha dictado un acto administrativo que se encuentra vigente por no haber sido expulsado del ordenamiento jurídico por los tribunales correspondientes, y considerando que el cumplimiento corresponde al alcalde municipal, procederá una acción que en principio deberá ser acogida y ordenar a éste funcionario ejecutivo dar cumplimiento a la resolución cuyo cumplimiento se pretende.

En conclusión, por ser los ayuntamientos los entes de la Administración Pública que ejercen los gobiernos locales , queda claro que las decisiones salidas del concejo de regidores, órgano supremo que establece las normativas, reglamentaciones y fiscalización que serán aplicables dentro de los municipios, deben ser acatadas por el alcalde, en su calidad de ejecutivo de los ayuntamientos, pues la violación a ese mandato es un desacato a la autoridad y una acción del ejecutivo municipal que transgrede el “derecho al buen gobierno o a la buena administración” y pudiera alcanzar hasta la responsabilidad civil del alcalde, preceptuada en el artículo 148 de nuestra constitución, si el incumplimiento a cualquier norma, reglamento o resolución se produce por negligencia, ligereza o arbitrariedad y ocasiona una afectación grave para los administrados, por lo que ante la negativa o no ejecución, el alcalde solo podrá liberarse si prueba, utilizando mecanismos institucionales y jurisdiccionales, que la decisión del concejo es la que no se ajusta al

derecho y que la resolución adoptada no reúne las condiciones legales para formar parte del ordenamiento municipal. Tanto la Constitución como el legislador nos hablan de “ordenamiento jurídico del Estado”, y la soberanía togada, que va surgiendo desde la sede constitucional, ya lo ilustra con sus decisiones, enfatizándose que es un sistema de normas que no puede ser violentado, por eso promueve la contundente obligatoriedad de cumplimiento y así lo exige a los órganos y funcionarios de la administración pública, sin importar la fuente de su creación y el centro de producción jurídica,12 incluyendo sin vacilar las resoluciones provenientes de los organismos descentralizados, como son las normas emanadas de los municipios y muy particularmente las aprobadas por el concejo de regidores. Es tiempo de saber que nuestros derechos constitucionales y administrativos liberan a las personas de las arbitrariedades del Poder, y generan consecuencias.13